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El incremento de producción de cítricos en Andalucía mantendrá la producción pero no los precios

EL MUNDO CATELLON 10-05-05
ECONOMIA

CASTELLON.— La celebración en Castellón de la festividad de la Virgen de la Naranja fue aprovechada ayer por el sector para hacer balance de lo que ha sido la pasada campaña citrícola y avanzar que según sus previsiones, la producción de la próxima será prácticamente igual a la que ha finalizado hace unos meses, debido, sobre todo, al aumento que se está produciendo por el incremento de cultivos en otros lugares de España.
Entre las principales causas que esgrimen para hacer estas afirmaciones se encuentra que pese a que en la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón se está llevando a cabo un control de lo que se produce, con la finalidad de reducir la producción y garantizar de esta manera los precios, el secretario general de La Unió, Joan Brusca, asegura que Andalucía es uno de los lugares donde más se aumenta año a año la producción, aunque esta también se está comenzando en Portugal.
Así, según cálculos de esta asociación, cada año el número de kilos que se producen de la variedad clemenules aumentan cada año cerca de 150.000 toneladas, una producción que no ayuda a mejorar el control de los precios. En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac), Néstor Pascual, que «aquí estamos perdiendo extensión de campos por culpa de la proliferación de polígonos industriales, en otras comunidades autónomas están aumentándola». Por ello, desde esta asociación se apuesta por que el Estado cree un censo, al igual que se hace con las viñas, porque «si no se hace así nosotros desapareceremos y en otro lugar crecerán».
Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Exportadores de Frutos (Asociex), Vicente Bordils, destacó el apoyo que los productores andaluces están teniendo de la Junta de Andalucía, pese a que cuando se aprobó el PHN «aquí se empezó a recortar extensión». Por ello, «no se debe crear ni una hectárea más, debido a que afecta de manera importante a la hora de vender».
Respecto a la posible afectación de la próxima campaña por las adversas condiciones climáticas, los tres responsables de las asociaciones agrarias destacaron que no será mucha en la provincia de Castellón, debido a que los mayores daños se han producido en la comarca de La Ribera en Valencia.
Vicente Bordils aseguró que se ha detectado una floración irregular, y que «aún habremos de esperar unos meses para ver como evoluciona». Así, Néstor Pascual consideró que en el caso de que la producción de la provincia sea menor por esta circunstancia, es posible que el fruto sea de más calidad que el de este año.
Por su parte, el encargado de cítricos de la Unión Provincial de Cooperativas Citrícolas (InterCoop), Vicente Canós, aseguró que tras una campaña en la que se ha demostrado que la comercialización no es una buena forma de vender el producto, se ha decidido «acabar con este tipo de venta».
Desde las cooperativas se va a apostar por mantener un precio mínimo, en el que se encuentre integrado un tanto por kilo, por árbol y en el que «no se discutiría el jornal del trabajador». Además, esta asociación ha planteado para la próxima campaña la transformación de 200.000 toneladas de excedentes de cítricos en zumo. Con ello, según Canós, se conseguiría retirar toda esta cantidad del mercado y, por tanto, controlar de otra manera los precios.

Las asociaciones de inmigrantes moderan el optimismo de Calles sobre la regularización

EL MUNDO CASTELLON 09-05-2005
SOCIEDAD

CASTELLON.— Las principales asociaciones que agrupan y asesoran a los inmigrantes en la provincia de Castellón no han querido ser tan optimistas como lo fue ayer el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles. Tanto la presidenta de la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este, como el presidente del Centro de Cultura Islámica consideraron que todavía es pronto para valorar los resultados del proceso, ya que hasta el momento solo se conocen los datos de las solicitudes presentadas y aún falta por conocer cuales de ellas serán positivas y cuales negativas.
La presidenta de la primera de estas asociaciones, Angela Placsintar valoró ayer de una forma positiva el desarrollo del proceso de regularización de inmigrantes, ya que se ha producido de una manera normal. «En las últimas semanas hemos tenido más trabajo que a lo largo del resto del proceso, pero ahora estamos satisfechos con el esfuerzo hecho».
Por su parte, el presidente de la asociación cultural islámica, Ahmed Mohamed aseguró que es necesario esperar aún un tiempo hasta ver los «verdaderos resultados» del proceso de regularización.
Una de las principales criticas que hace esta representante de los inmigrantes de los países del este es la falta de concienciación que han detectado en muchos de ellos sobre la «importancia de tener un contrato de trabajo del que después tengan que vivir». Así, han detectado casos en los que estos contratos no son más que tapaderas y que han sido comprados.
En este sentido, Mohamed indicó que los errores en documentación que algunos de los solicitantes tenían a lo largo del proceso, al presentar los papeles «no se ha podido deber a la falta de información», ya que consideró que por parte de los medios de comunicación, los sindicatos o organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, «se ha hecho un gran trabajo».
«Ellos no entienden que luego tendrán que pagar a la Seguridad Social para seguir manteniendo su situación legal en España, y no consideran el trámite del contrato como importante».
Por esta razón, Placsintar aseguró que una vez se hayan resuelto las solicitudes presentadas a lo largo de estos meses seguirá existiendo un substrato de contratación «ilegal», con trabajadores «que aún no hayan regularizado su situación».
Asimismo indicó que la economía sumergida «es negativa para los intereses de los trabajadores inmigrantes y también para los empresarios españoles». Algunos de estos últimos «tampoco parece que se hayan dado cuenta de que es más rentable tener a los trabajadores contratados que ilegales». En este sentido, Mohamed consideró que las valoraciones de este tipo las deben de hacer los políticos y a ellos les emplazó para hacerlo.
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