EL MUNDO CASTELLON 09-05-2005
SOCIEDAD
CASTELLON.— Las principales asociaciones que agrupan y asesoran a los inmigrantes en la provincia de Castellón no han querido ser tan optimistas como lo fue ayer el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles. Tanto la presidenta de la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este, como el presidente del Centro de Cultura Islámica consideraron que todavía es pronto para valorar los resultados del proceso, ya que hasta el momento solo se conocen los datos de las solicitudes presentadas y aún falta por conocer cuales de ellas serán positivas y cuales negativas.
La presidenta de la primera de estas asociaciones, Angela Placsintar valoró ayer de una forma positiva el desarrollo del proceso de regularización de inmigrantes, ya que se ha producido de una manera normal. «En las últimas semanas hemos tenido más trabajo que a lo largo del resto del proceso, pero ahora estamos satisfechos con el esfuerzo hecho».
Por su parte, el presidente de la asociación cultural islámica, Ahmed Mohamed aseguró que es necesario esperar aún un tiempo hasta ver los «verdaderos resultados» del proceso de regularización.
Una de las principales criticas que hace esta representante de los inmigrantes de los países del este es la falta de concienciación que han detectado en muchos de ellos sobre la «importancia de tener un contrato de trabajo del que después tengan que vivir». Así, han detectado casos en los que estos contratos no son más que tapaderas y que han sido comprados.
En este sentido, Mohamed indicó que los errores en documentación que algunos de los solicitantes tenían a lo largo del proceso, al presentar los papeles «no se ha podido deber a la falta de información», ya que consideró que por parte de los medios de comunicación, los sindicatos o organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, «se ha hecho un gran trabajo».
«Ellos no entienden que luego tendrán que pagar a la Seguridad Social para seguir manteniendo su situación legal en España, y no consideran el trámite del contrato como importante».
Por esta razón, Placsintar aseguró que una vez se hayan resuelto las solicitudes presentadas a lo largo de estos meses seguirá existiendo un substrato de contratación «ilegal», con trabajadores «que aún no hayan regularizado su situación».
Asimismo indicó que la economía sumergida «es negativa para los intereses de los trabajadores inmigrantes y también para los empresarios españoles». Algunos de estos últimos «tampoco parece que se hayan dado cuenta de que es más rentable tener a los trabajadores contratados que ilegales». En este sentido, Mohamed consideró que las valoraciones de este tipo las deben de hacer los políticos y a ellos les emplazó para hacerlo.
Más información en página 39
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